Deberá validar gobierno federal si Chihuahua cumplió con la ley de Disciplina Financiera para reestructurar su deuda pública

0
524
  • Presenta Punto de Acuerdo donde señala que no existe un solo argumento de motivación técnico, ni algún indicador financiero que permita concluir que el Congreso cumplió con lo previsto por dicho ordenamiento nacional.

*Se dio además una clara violación al principio de división de poderes, sostiene Omar Bazán

El diputado Omar Bazán entregó a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, un Punto de Acuerdo para que se investigue si se cumplieron los lineamientos que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, durante el proceso legislativo que derivó en la aprobación para que el gobierno estatal reestructure su deuda pública.

El mes pasado y con nuestro voto en contra junto con MORENA y una diputada del PES, los panistas al servicio de Javier Corral lograron que se aprobara la propuesta de reestructuración de la deuda pública directa, indirecta y contingente de Chihuahua, estimada en casi 50 mil millones de pesos, recordó el también dirigente estatal del PRI.

Fue un procedimiento violatorio de la división de Poderes y señaló que en el Punto de Acuerdo, pide a la Legislatura comprobar si cumplió con los lineamientos de la Ley de Disciplina Financiera para que el Gobierno de Chihuahua pueda reestructurar su deuda pública.

Lo cierto es que no hubo un análisis apegado a los lineamientos de la legislación federal por parte de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado.

En la reunión del 18 de diciembre, día en que se presentó el amañado dictamen al Pleno del Congreso para su votación, “advertimos que no existía análisis alguno de indicadores para determinar la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, el destino que se dará a los recursos que obtenga con motivo de la disposición del o los financiamientos que se contrate y la garantía y/o la fuente de pago que se constituirá.”

No existe un solo argumento de motivación técnico, ni algún indicador financiero que permita concluir que el Congreso cumplió con el análisis previo que se señala en el artículo 23, primer párrafo, de la LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, dijo el legislador priista.

“Tomando en cuenta que aún no se publica la autorización en el Periódico Oficial del Estado, debe adicionarse al “dictamen” aprobado, los estudios y análisis que comprueben y motiven la reestructura, incluyendo los indicadores que son utilizados por el Auditoría Suprior de la Federación para calificar la deuda de las entidades federativas”, explicó.

Explicó que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios tiene como fin el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo.

Dijo que para ello se creó un un sistema de alertas que permite, en forma analítica y bajo la óptica de distintos indicadores financieros, analizar y calificar la deuda de un Estado o Municipio, donde Chihuahua se clasifica hasta el momento, como “ENDEUDAMIENTO EN OBSERVACIÓN” por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dijo que el artículo 23 del ordenamiento federal establece que “La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura local deberá realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago”.

En el caso de Chihuahua, reiteró, no existe referencia alguna a dichos análisis financieros y, por el contrario, “el dictamen fue aprobado en la Comisión sin discutir ni debatir el estado de endeudamiento de la entidad”.

Ante la omisión grave que se advierte de la simple lectura del decreto y del dictamen aprobado, “estamos frente a un caso de incertidumbre e inseguridad jurídica que puede ser objeto de que se controvierta su constitucionalidad”, señaló Bazán Flores.

Si no se cumplieron los lineamientos, la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales del Congreso, deberá notificarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que evalúe objetivamente dicha omisión al momento de ejercer las atribuciones previstas en el artículo 34 de la LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, para la validación de la reestructuración de la deuda pública de Chihuahua, dijo por último el legislador priista.