Desde el inicio de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto acreditó su decisión de realizar los cambios necesarios, para hacer posible un mayor grado de desarrollo con Democracia y Justica Social para nuestro país. El Carácter democrático de su gobierno se hizo patente al convenir con partidos políticos nacionales la suscripción de un acuerdo que recogiera las aspiraciones y demandas de la sociedad. Así, al día siguiente de tomar posesión de la jefatura del estado, celebró el “Pacto por México” que contemplaba una serie de acciones legislativas y administrativas cuyos objetivos fueron alcanzar:
- Una sociedad de derechos y libertades
- Crecimiento económico, Empleo y Competitividad
- Seguridad y Justicia
- Transparencia, Rendición de cuentas y Combate a la corrupción, y
- Gobernabilidad Democrática
A la fecha, se han cumplido o avanzado en el cumplimiento de compromisos como: La Reforma educativa, atendiendo todos los componentes que la integran; la Reforma Energética; la Reforma en Materia de Telecomunicaciones; crecimiento del Empleo; ampliación de la cobertura de salud: incremento de créditos para vivienda; mejoramiento de la Infraestructura de telecomunicaciones. Todo en un país que disfruta de las más amplias libertades civiles y políticas.
En los asuntos motivo de este posicionamiento, se destacan los siguientes antecedentes:
- El 15 de noviembre del 2012, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acompañado por el del Partido Verde Ecologista de México, presentaron en el Senado de la República la primera, más completa, sólida y documentada iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene diagnóstico, experiencias internacionales y de derecho comparado, y propuestas novedosas, misma que sirvió de guía para la formación del andamiaje legislativo y administrativo del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Para establecer las condiciones de un reparto mas equitativo de los recursos públicos entre federación, estados y municipios, en el primer período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión en el año 2013, recién iniciado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se aprobó una Reforma a la ley de Coordinación Fiscal que significó en la práctica resultados favorables que precisaremos más adelante.
En materia de anticorrupción, el Gobierno de la República, cumpliendo rigurosamente con los postulados constitucionales en materia penal, y atendiendo principios y directrices de la doctrina jurídica en el tema, y desde luego, con el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, se han perseguido hechos delictivos ejerciendo las acciones legales pertinentes, gestionando solicitudes de extradición y aportando ante las instancias juzgadoras los elementos probatorios que lleven a la sanción de las conductas apartadas de la legalidad.
El sistema penal en un Estado democrático de derecho, en un Estado constitucional, no puede estar sujeto a voluntarismos unipersonales propios de sistemas autoritarios, sino que tiene que ceñirse a un escrupuloso respeto al debido proceso, pues se busca la impartición de justicia, no el aplauso fácil propio de espectáculos circenses.
En lo relativo al Federalismo Fiscal, académicos de prestigiadas instituciones educativas y de investigación, han estudiado el comportamiento de la distribución de los recursos públicos financieros entre los tres órdenes de gobierno y concluyen, con datos duros, que las entidades federativas y los municipios han recibido de manera constante en los ejercicios fiscales de 2013 a 2017 más recursos económicos, que en términos reales van del 5.1 al 11.8 %.
Los recursos Fiscales correspondientes a participaciones y aportaciones federales se distribuyen con base en criterios establecidos en la ley, tarea que se realiza de manera profesional, objetiva y transparente por servidores públicos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. La discrecionalidad en la asignación de recursos correspondientes a estos ramos no existe, no es posible. Afirmar que esa conducta se realiza, es una irresponsabilidad, lleva a engaño y es maniquea. Para concluir este apartado señalamos que la conducta redistributiva narrada no se replica a nivel estatal, pues la hacienda pública local se caracteriza por una inequitativa e injusta distribución de los recursos a los 67 municipios del estado. Nosotros solemos predicar con el ejemplo, no con verdades alternativas.
El presidente Enrique Peña Nieto fue claro en su mensaje del día 8 del presente mes y año. Al referirse a las declaraciones del gobernador Corral, dijo: “De ninguna manera el gobierno de la Republica se opone al combate a la corrupción” y en lo relativo a la asignación de fondos extraordinarios hizo un llamado a acudir a las instancias competentes para su atención y gestión.
Argumentos y pruebas sólidas adicionales pueden desde luego ser aportados, sin embargo, sirva lo hasta aquí dicho, como sustento para manifestar nuestro rechazo a la actitud asumida por Javier Corral Jurado quien de manera insidiosa y con fines claramente político – electorales presenta a la opinión pública una versión de los hechos que no se compadece con la realidad y pretende desviar la atención de las y los chihuahuenses de la incapacidad de su gobierno para atender los graves problemas que aquejan a la sociedad en nuestra entidad.
Los priistas chihuahuenses, conscientes de los retos a vencer, los pendientes a realizar, mismos que haremos explícitos en las plataformas electorales que presentaremos a consideración de la ciudadanía, consideramos de justicia reconocer lo avanzado y apelamos a la seriedad característica de las mujeres y hombres de nuestra tierra, para que ponderen con objetividad cual es la mejor forma de defender la dignidad de los chihuahuenses: el trabajo serio, responsable y apegado a la legalidad, o la estridencia, el protagonismo y la irresponsabilidad con que se manejan los asuntos gubernamentales del estado.
